El Palacio Legislativo cerró formalmente sus puertas tras un cierre de año intenso, marcado por la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Con el inicio del receso de enero, la actividad parlamentaria entrará en una pausa de 30 días, pero la maquinaria política de la Casa Rosada no se detendrá. El Poder Ejecutivo planea utilizar este tiempo para tejer las alianzas necesarias y asegurar los votos para un ambicioso paquete de reformas que definirá el rumbo de la segunda mitad de la gestión de Javier Milei.

El eje central de las próximas sesiones extraordinarias, previstas para retomarse el 10 de febrero, será la postergada reforma laboral. El oficialismo busca “modernizar” el esquema de contratación y dinamizar el empleo privado, un objetivo que el Presidente libertario considera vital para consolidar la recuperación económica. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que el proyecto toca fibras sensibles de la estructura sindical y social del país.

Junto a la flexibilización de los vínculos laborales, el temario del verano incluye otros proyectos de alto impacto político y ambiental. Entre ellos, destaca la reforma del Código Penal, que propone un endurecimiento de penas y la baja de la edad de imputabilidad. Asimismo, se discutirá la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca delegar facultades a las provincias para habilitar proyectos mineros en zonas que hoy cuentan con protección ambiental.

El Gobierno llega a este receso tras un sabor agridulce en la Cámara de Diputados. Si bien logró sancionar el Presupuesto 2026, sufrió un traspié significativo cuando la oposición logró rechazar los artículos que derogaban leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Este escenario obligó a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, a replantear la estrategia legislativa para evitar derrotas en la Cámara Alta.

Ante este panorama, Bullrich decidió postergar el debate de la reforma laboral hasta febrero para no correr riesgos innecesarios. La senadora detectó un comportamiento “sinuoso” en algunos gobernadores aliados, cuyos representantes en el Congreso suelen oscilar según las necesidades fiscales de sus provincias. Esta cautela oficialista busca evitar que el proyecto madre del verano naufrague por falta de acuerdos de último momento.

Tras la aprobación del Presupuesto, Santilli vuelve a negociar con los gobernadores para destrabar la reforma laboral

Durante el mes de enero, el papel del ministro del Interior, Diego Santilli, será fundamental. El funcionario tendrá la responsabilidad de sentarse con los mandatarios provinciales para garantizar el respaldo a la reforma laboral y al compromiso de estabilidad fiscal. La estrategia oficial se basa en una negociación “uno a uno”, donde el apoyo legislativo se intercambia por compromisos de gestión y recursos para los distritos.

En paralelo, el Gobierno mantiene un canal de tensión abierto con la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera ha endurecido su postura tras el paro nacional del 18 de diciembre y rechaza de plano puntos clave como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la limitación de las cuotas solidarias. Aunque la medida de fuerza no tuvo el impacto político esperado por los gremios, el malestar sindical sigue siendo un factor de presión importante.

Martín Menem busca recomponer vínculos con aliados antes del debate por la reforma laboral en Diputados

Otro punto que genera fuertes roces es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este sistema, que reemplazaría a las indemnizaciones tradicionales, se financiaría con un 3% de los aportes que actualmente percibe la Anses. La oposición y sectores técnicos advierten que este envío de fondos podría desfinanciar aún más el sistema previsional en un contexto de fragilidad social.

Código Penal

Mientras el Senado se concentra en lo laboral, la Cámara de Diputados anticipa que retomará su actividad hacia finales de febrero. El ingreso de la reforma del Código Penal promete debates maratónicos, ya que incluye tipificaciones de delitos relacionados con la protesta social y los cortes de ruta, lo que ya despertó críticas de organismos de derechos humanos por considerarlo una criminalización de la manifestación.

A pesar de los éxitos recientes con el Presupuesto, el balance anual del Congreso arroja números magros para el oficialismo. Durante 2025 se sancionaron pocas leyes, la cifra más baja de la última década.

De cara a 2026, el escenario parece más favorable para los libertarios. El recambio legislativo permitió que LLA se convirtiera en la primera minoría en la Cámara de Diputados y fortaleciera su presencia en el Senado. El oficialismo confía en que esta nueva presión de fuerzas, sumada a la fragmentación de los bloques opositores, sea la llave para destrabar las reformas estructurales que el país reclama.

El mes de enero será, en definitiva, un tablero de ajedrez donde se jugará el éxito del año parlamentario. Con la mirada puesta en el 10 de febrero, el Gobierno apuesta todo a la negociación política para que el Congreso deje de ser un espacio de resistencia.